En caso de que un tribunal extranjero emita un fallo contra un deudor que tenga su domicilio social, resida o posea bienes en Cataluña, los procedimientos de ejecución deben iniciarse ante los Juzgados ubicados en Cataluña. En tal caso, resultarán de aplicación las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.

Los trámites necesarios

Debido al hecho de que no existe una institución de agente judicial en el sistema legal español, todos los procedimientos de ejecución son llevados a cabo por el Juzgado. Esto significa que para ejecutar una sentencia emitida por un tribunal extranjero en Cataluña, se debe presentar una solicitud ante el Juzgado en el lugar donde resida el deudor.

Si el deudor no tiene un lugar de residencia o domicilio social en Cataluña, la demanda debe presentarse ante el Juzgado correspondiente al lugar donde se encuentren los bienes del deudor ubicados en España.

En cuanto a los trámites, debe presentarse una demanda de ejecución ante el Juzgado correspondiente. La demanda debe ir acompañada de (i) una copia de la decisión y (ii) un certificado emitido por el tribunal extranjero de acuerdo con el formulario V del Reglamento 1215/2012 de la UE, comúnmente conocido como Bruselas bis I.

En la ejecución de las sentencias de los tribunales extranjeros por importes superiores a 2.000 euros, las partes deben estar representadas por un abogado y un representante legal (procurador). En este caso, será necesario que el acreedor emita un poder notarial. Debe tenerse en cuenta que las costas de ejecución incluyen los honorarios del abogado y del representante legal, por lo que será el deudor quien deberá hacer frente a estos gastos.

El procedimiento ejecutivo

Una vez presentada la demanda, el Juzgado procederá a verificar si se han cumplido los requisitos procesales. A continuación, el juez emitirá un Auto de ejecución, sobre la base de la cual el letrado de la Administración de Justicia emitirá un decreto que especificará las medidas de ejecución apropiadas, tales como el embargo de los bienes del deudor (entre otros, embargo de cuentas bancarias o salario).

Por lo tanto, corresponde al letrado de la Administración de Justicia supervisar los procedimientos de ejecución y emitir las resoluciones apropiadas al respecto. Éste, siempre a solicitud del acreedor, solicitará a instituciones como bancos, la Agencia Tributaria, los Registros de la Propiedad, etc. que divulguen datos sobre la situación económica del deudor.

Debido a que los Juzgados en Cataluña no entran en el fondo del asunto de la resolución dictada por el tribunal extranjero, las razones sobre las cuales el deudor ubicado en Cataluña puede oponerse a la ejecución de la resolución están limitadas y estrictamente determinadas por las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento civil.

Los abogados que colaboran con la Cámara tienen una amplia experiencia en el asesoramiento legal sobre la ejecución de resoluciones emitidas por tribunales extranjeros, y nos complace ayudarles en esta cuestión.

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