El 18 de marzo de 2020, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Entre las principales medidas adoptadas en el ámbito laboral se encuentran las siguientes:

1. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTES) PARA LAS EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19

  • ERTE POR FUERZA MAYOR

Se prevé expresamente que las empresas que hayan visto reducida su actividad como consecuencia directa del COVID-19 puedan iniciar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) por causas de fuerza mayor. Se entiende que las pérdidas de actividad son consecuencia directa del COVID cuando tengan su causa directa en la declaración del estado de alarma, suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

El procedimiento se inicia mediante solicitud a la autoridad laboral y comunicación a los trabajadores de la intención de aplicar el ERTE. A la solicitud debe adjuntarse un informe que acredite la vinculación de la pérdida de actividad al COVID-19, junto con documentación acreditativa de las causas que motivan el ERTE.

La autoridad laboral dispondrá de 5 días para constatar la existencia de causas de fuerza mayor, pudiendo solicitar informe al respecto de la Inspección del Trabajo. Una vez constatada la existencia de fuerza mayor, la empresa podrá aplicar el ERTE con efectos desde que se produjeron los hechos de fuerza mayor.

  • ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, ORGANIZATIVAS O TÉCNICAS

Las empresas que decidan suspender los contratos laborales o reducir la jornada por causas económicas, organizativas o técnicas relacionadas con el COVID-19, pero que no puedan acreditar la vinculación directa entre la suspensión y el COVID-19, deben tramitar un ERTE por causas económicas, organizativas o técnicas. El nuevo Real Decreto agiliza el procedimiento y acorta los plazos previstos hasta ahora. Debe comunicarse la decisión a los trabajadores, que deberán conformar una comisión representativa en el plazo de 5 días. A continuación, se inicia un periodo de consultas que puede durar, como máximo 7 días. La empresa debe informar a la autoridad laboral del inicio de periodo de consultas, que podrá solicitar un Informe de la Inspección de Trabajo al respecto. Una vez finalizado el periodo de consultas, la empresa deberá informar de su resultado a la autoridad laboral. Los efectos del ERTE se aplicarán desde la comunicación realizada a la autoridad laboral.

Cabe señalar que el Real Decreto prevé que la aplicación de las precitadas medidas extraordinarias estará sujeta al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

2. MEDIDAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN

Se establece que las empresas que apliquen el ERTE por fuerza mayor por COVID-19 y que tengan menos de 50 trabajadores no deberán pagar la “cuota patronal” a la Seguridad Social. Las empresas de más de 50 trabajadores obtendrán una bonificación del 75% de la cuota, mientras dure el ERTE.

Esta exoneración no afectará a los trabajadores, para quienes el periodo de duración del ERTE se considerará como efectivamente cotizado a todos los efectos.

La exoneración de cuotas debe ser solicitada por la empresa a la Seguridad Social, previa comunicación de los trabajadores afectados y del período de la suspensión o reducción de jornada.

3. MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

Los trabajadores afectados por un ERTE derivado de la crisis del COVID-19 tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo, aunque no cumplan los requisitos para ello (por ejemplo, no hayan cotizado el período mínimo legalmente establecido).

La prestación por desempleo podrá percibirse mientras dure el ERTE y no computará a los efectos de consumir el período máximo de percepción de la prestación.

Esta medida se aplica también a socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

En cuanto a la cuantía: la base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

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Renata Marciniak

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